El dilema de la inversión para la resiliencia

Mientras la zona sur del país aún sufre los estragos de lluvias y crecidas, el centro norte rindió una prueba que esperaba por años. El río atmosférico que en una semana descargó el equivalente a años de lluvia dejó un saldo de 13 fallecidos, 65 mil damnificados, 29 mil viviendas dañadas y pérdidas sobre los US$ 700 millones. Evidenció que el cambio climático es real, pero que la inversión en mitigación para la resiliencia funciona y es socialmente rentable.

En Santiago, el colector interceptor del Mapocho y los parques inundables Víctor Jara en el Zanjón de la Aguada y la Hondonada en Pudahuel, y el Parque Kaukari en Copiapó cumplieron su objetivo: proveer áreas verdes en tiempos de paz y laminar crecidas, evitando que la ciudad colapsara durante el temporal. También en Copiapó, las obras de control aluvional de la quebrada de Paipote, con más de $30 mil millones invertidos tras el aluvión de 2015, resistieron con daños menores.

El contraste está donde esa inversión no llegó a tiempo. El desborde del Elqui dejó sin agua a media conurbación La Serena-Coquimbo y arrasó Islón; el río Limarí inundó Ovalle, y el valle del Huasco en Vallenar y Freirina vivió el peor temporal de su historia, con más de 21 mil aislados. Durante años estas comunidades se adaptaron a la escasez hídrica, por lo que muchas quedaron expuestas a eventos cuya recurrencia parecía remota.

Ante la complejidad de la situación, destaca que el Gobierno activó una emergencia preventiva antes de la llegada del sistema frontal, desplegó recursos, utilizó alertas SAE, coordinó evacuaciones y declaró zona de catástrofe en diez regiones para acelerar la respuesta. Pese al rápido despliegue para reponer infraestructuras críticas, reestablecer el agua potable rural y acceso a localidades aisladas, ya se estima una reconstrucción de US$ 500 millones solo en Coquimbo y Huasco.

Aquí surge el dilema: un tranque aluvional o un parque inundable compiten, peso a peso, contra hospitales, viviendas y seguridad: demandas tangibles y recurrentes. La obra de mitigación protege contra un evento que quizás ocurra en veinte años más, y su éxito es que no pase nada: las infraestructuras solo son reconocidas cuando fallan, y nadie inaugura la catástrofe evitada. La evidencia dice lo contrario: cada peso invertido en mitigación ahorra entre cuatro y siete en reconstrucción, y este evento lo demostró. Gastaremos más en reparar el Norte Chico desprotegido que lo que costó proteger Copiapó.

Otro dilema es la recurrencia: con el cambio climático, eventos de retorno de 50 o 100 años serán más comunes. No podemos blindar cada quebrada, pero sí dejar de urbanizar cauces, y desarrollar Planes de Infraestructura Verde –como el que hoy desarrolla el área Metropolitana de la Serena-Coquimbo-, para priorizar obras donde la exposición lo justifique, y se apalanquen inversiones de ingeniería con infraestructura social y ecológica como parques inundables o ciudades esponja.

Los desastres no son naturales: son el conflicto entre un fenómeno natural extremo y nuestras decisiones sobre el territorio. Aprendamos las lecciones de resiliencia y evaluemos bien la recurrencia y urgencia de las inversiones requeridas.