Señor Director:

La columna publicada ayer por Pablo Allard vuelve a poner en el centro una discusión relevante para nuestras ciudades, vinculada a la planificación urbana, la realidad demográfica y la eficiencia de la inversión pública.

En 1992 el promedio nacional era de 4 personas por hogar; en 2002 bajó a 3,6; en 2017 llegó a 3,1 y el Censo 2024 lo sitúa en 2,8, con un 21,8% de hogares unipersonales. Sin embargo, nuestra normativa continúa operando con parámetros definidos para una realidad demográfica muy distinta.

No parece técnicamente válido considerar los datos censales para el pasado y relativizarlos precisamente hoy, cuando nuestras ciudades requieren incorporar más hogares en zonas que ya cuentan con altos niveles de inversión pública en conectividad, infraestructura y equipamiento, optimizando además el retorno social de esas inversiones.