Señor Director:

Las demoliciones ordenadas por el Ministro Iván Poduje en El Olivar y otros conjuntos habitacionales han generado críticas de algunos gremios u oficinas de arquitectos y de las constructoras afectadas, quienes sostienen que muchas de esas viviendas podrían ser reparadas o reforzadas.

La pregunta es simple. ¿Le darían ese mismo argumento a un cliente privado que les encargó una vivienda nueva y que, al recibirla, descubre fallas que obligan a intervenirla estructuralmente? ¿Le dirían que acepte una obra reparada porque técnicamente puede seguir funcionando?

Sorprende que aquello que parece inaceptable para un cliente particular sea presentado como razonable cuando se trata de familias vulnerables. Una vivienda social nueva no debería transformarse en una vivienda parchada desde su origen. Sus propietarios tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano a recibir una vivienda nueva, segura y construida conforme a los estándares comprometidos. Si nadie aceptaría una reparación como sustituto de una obra nueva para sí mismo, tampoco debiéramos exigirlo a quienes menos posibilidades tienen de defender sus derechos.