Los concursos de arquitectura constituyen uno de los mecanismos más valiosos para seleccionar proyectos de interés público. Su legitimidad descansa en reglas previamente establecidas, un jurado independiente e idóneo y la certeza de que el procedimiento será respetado. Esa confianza constituye el principal patrimonio de cualquier concurso.

Lo ocurrido en el concurso para el nuevo Museo Nacional del Ecuador trasciende el caso específico. El proyecto ganador fue seleccionado, dentro de 17 equipos consolidados y previamente preseleccionados, conforme a las bases y proclamado oficialmente por un jurado de comprobado prestigio en el mundo de la arquitectura, además de representantes del gobierno. Posteriormente, la entidad promotora dejó sin efecto ese resultado e inició una etapa que las propias bases no contemplaban y que tuvo su origen en comentarios realizados a través de las redes sociales.

Este nuevo proceso contó con un nuevo jurado y concluyó con un nuevo proyecto ganador. Un proyecto que, independientemente de sus méritos arquitectónicos, quedará inevitablemente marcado por la polémica y por la discutible decisión de quienes optaron por seguir participando en un procedimiento que alteró las reglas una vez conocido el fallo original.

El debate sobre los méritos arquitectónicos de la propuesta es plenamente legítimo y puede aportar a que el equipo ganador considere algunas de las observaciones en el proyecto definitivo. Sin embargo, el aspecto central de esta controversia se relaciona con el respeto a las reglas bajo las cuales se desarrolló el concurso y con la validez del fallo emitido por el jurado.

Existe además un elemento institucional especialmente relevante. La autoridad que posteriormente cuestionó el resultado había participado, a través de sus representantes, tanto en la aprobación de las bases como en la conformación del jurado. Desconocer posteriormente ese procedimiento afecta la confianza en una decisión adoptada dentro del marco previamente establecido.

Para quienes participan en concursos esta no es una discusión teórica. Cada propuesta representa meses de trabajo, recursos comprometidos y el esfuerzo de equipos completos. Participar supone la certeza de que las reglas acordadas serán respetadas durante todo el proceso.

También creemos necesario hacer una reflexión dirigida a nuestra propia comunidad profesional. La fortaleza de los concursos depende igualmente del compromiso de quienes participamos en ellos. Integrar una nueva instancia destinada a revisar un fallo ya emitido, o continuar participando en un proceso que modifica las reglas después de conocido el resultado, contribuye a instalar un precedente que afecta la credibilidad de este mecanismo. En ese contexto, valoramos la decisión de las oficinas y profesionales que optaron por no participar en esta nueva etapa, reafirmando con ello su compromiso con las bases del concurso, el fallo del jurado y el respeto por el trabajo de sus pares.

Como Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile confiamos en que esta reflexión representa a la totalidad de nuestras oficinas asociadas. Competimos entre nosotros, pero lo hacemos sobre la base de reglas previamente establecidas, transparencia, ética profesional y respeto por el trabajo de nuestros pares. Son esos principios los que sostienen la confianza en los concursos de arquitectura.

Cuando las reglas pueden modificarse una vez conocido un fallo, se afecta la credibilidad de un mecanismo que existe precisamente para ofrecer certezas, imparcialidad y confianza. Preservar esos principios es una responsabilidad compartida por las instituciones convocantes, los jurados y quienes participamos en estos procesos. De ello depende que los concursos públicos sigan siendo un mecanismo confiable, respetado y legítimo para seleccionar las mejores propuestas de arquitectura.

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