La modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones propuesta por el MINVU, apunta a corregir una incoherencia entre la forma en que planificamos nuestras ciudades y la realidad demográfica que el propio Estado ha levantado a través del censo, principal herramienta para la definición de políticas públicas. Los datos muestran hogares con menos integrantes y mayor diversidad en su composición, mientras la inversión pública en conectividad, infraestructura y equipamiento ha buscado mejorar la calidad de vida de esa misma población.

Desde la lógica de la rentabilidad social, resulta evidente que a mayor inversión pública, mayor debe ser el número de hogares que puedan acceder a esos beneficios. Esa relación se materializa en los planes reguladores locales, los que, como instrumentos del Estado, deben facilitar la localización de nuevos hogares en áreas bien servidas, optimizando el uso de infraestructura financiada por todos y ampliando el acceso a mejores condiciones urbanas dentro de los mismos índices de densidad poblacional que las comunas han definido.

Ajustar estos estándares , recogiendo además observaciones del proceso de participación ciudadana , permitirá un uso más eficiente del suelo urbano así como el acceso a barrios mejor conectados y equipados, en coherencia con las inversiones que el Estado ya ha realizado o proyecta.