Señor Director:

La discusión en torno a la toma de San Antonio se ha convertido en un péndulo: mientras la academia y el mundo político oscilan entre condenar o respaldar la tardía decisión gubernamental de expropiar, no se entra al debate de fondo referido a que el Estado debe desplegar acciones más precisas que resuelvan debidamente el déficit de vivienda y de ciudad. Los catastros del Serviu demuestran que una parte de los habitantes de la toma requiere de la asistencia del Estado, mientras coexisten casos muy alejados de la precariedad. Es por ello que, en esta complejidad, el Estado debe ser capaz de distinguir a los beneficiarios para que, pese al desorden en la fila, quienes no requieran con urgencia la asistencia estatal no sean priorizados. Recordemos, además, que hubo un consenso en las candidaturas sobre la necesidad de sumar acciones público-privadas para ampliar la oferta de vivienda, en calidad y emplazamiento, ya sea en propiedad o en arriendo, es decir, una mirada integral desde la que podremos seguir encontrando soluciones más convocantes, precisas y justas.