Señor Director:

A propósito de la propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que promueve mayor cantidad de viviendas junto a otros incentivos propuestos desde el Gobierno surgen voces en contra y otras a favor.

Existiendo hoy consenso generalizado en cuanto a la crisis de acceso a la vivienda algunos son de la opinión de que sea cada alcalde quien tenga la facultad de dar respuesta a esta urgencia, porque lo haría planificadamente resguardando las condiciones de su comuna. Otros en cambio celebran la idea de empujar estos cambios desde el gobierno central para así avanzar de una ver generando incentivos parejos para lograr más viviendas y a precios alcanzables.

El problema de las alcaldes que se deben a los votos de sus vecinos, que a su vez se resisten a cambios que alteren sus propias condiciones de vida, es que rara vez han impulsado modificaciones a sus Planes Reguladores, que por lo demás tardan hasta siete años en implementarse subiendo las alturas de los edificios y permitiendo mayor cantidad de viviendas.

Es más, abundan los ejemplos de comunas  con buena infraestructura urbana de equipamiento, líneas de metro y autopistas donde, luego de una consulta a los mismos vecinos, se terminan recortando las alturas y bajando las densidades impidiendo así que familias jóvenes, adultos mayores o personas con bajos ingresos se instalen ahí, los que son expulsados a la periferia.

Pareciera que el nombre de ‘urbanismo por decreto’, como lo describen con cierta displicencia algunos detractores, mejor debiera ser “urbanismo para todos”, recogiendo de una vez el desafío de esta crisis y asegurando condiciones más parejas para los ciudadanos de las distintas comunas. Es un paso para democratizar el acceso a la vivienda con mayor integración social.