Señor Director:

El plan de reconstrucción nacional acierta al poner el foco en la certeza jurídica como condición para reactivar la inversión. Medidas como la reducción de plazos de invalidación y los mecanismos de resguardo frente a decisiones judiciales apuntan en esa dirección. Sin embargo, su eficacia depende de un aspecto menos visible; la calidad de la institucionalidad que produce esos permisos.

En el ámbito patrimonial -particularmente en el Consejo de Monumentos Nacionales- la incertidumbre no proviene solo de los tiempos desconocidos, sino de la fragmentación de competencias, la dispersión de criterios y la falta de estándares técnicos consistentes. Con todo, acortar plazos sin mejorar la estructura de decisiones puede intensificar la conflictividad.

El patrimonio es un caso elocuente. La superposición de atribuciones y el carácter extensivo de las instancias colegiadas generan retrasos que no fortalecen la protección, la debilitan: proyectos detenidos, bienes que se deterioran y actores operando sin un horizonte claro.

Si el plan busca efectivamente reconstruir – y no solo reactivar-, debiera incorporar una modernización institucional más profunda: silencio administrativo positivo, avisos previos y ventanillas únicas especializadas, junto con protocolos técnicos homogéneos que orienten la decisión pública.

La certeza no se logra únicamente reduciendo plazos. Se construye con reglas claras, decisiones coherentes y un Estado capaz de actuar con oportunidad.