Centraré esta reflexión en dos hechos que me parecen importantes, porque definen y delimitan un nuevo contexto de sustentabilidad en la edificación y el entorno construido y que, vistos en conjunto, pueden dar lugar a acciones virtuosas o a frenos para alcanzar los objetivos que ambos persiguen.

El primer hecho es el reciente lanzamiento del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026 (PNEE), que estará en consulta pública hasta el 6 de diciembre, que incluye ciertamente al sector edificaciones y que viene a proponer nuevas metas en base a lo avanzado desde la publicación del PAEE20[1]. Entre las diversas medidas que incluye esta política pública, las que influyen en el campo normativo son la Actualización de los estándares de eficiencia energética de las edificaciones y la Calificación energética de viviendas y otras edificaciones. Estando muy de acuerdo en estas medidas y en todas en general, me parece que la restricción a la orientación y porcentaje máximo de las ventanas, incluida en la actualización de la Reglamentación Térmica (que se encuentra en trámite final), se transforma en un freno para el despliegue de múltiples y variadas posibilidades de solución a un problema que debemos y podemos resolver entre todos. Transformar en condición normativa una única estrategia termodinámica entre varias otras es poco adecuado, toda vez que coarta la posibilidad de resolver el mismo problema mediante otras alternativas que persiguen el mismo fin: limitar la demanda de energía.

El segundo hecho es el último y lapidario informe del panel IPCC de las Naciones Unidas que indica que llegamos a un punto de no retorno que nos separa de un cambio climático peligroso, lo que sin duda permitiría fundamentar políticas públicas con medidas drásticas en todos los sectores, pero que también puede ser un vehículo para fomentar la innovación en un sector al que se califica como muy conservador y por lo cual se le reclaman insistentemente aumentos en la productividad y eficiencia en sus procesos y mejorar su contribución en la creación de entornos que permitan una mejor calidad de vida de las personas.

Expresados los hechos, veo como un freno la obligación normativa a la orientación y porcentaje máximo de las ventanas y, por el contrario, veo como una acción innovadora que nuestros instrumentos regulatorios desde hoy empiecen a basarse en desempeño, más aún si en su procedimiento administrativo se permita, alternativamente, validar el cumplimiento a través de herramientas elaboradas por terceras partes, como por ejemplo, mediante certificaciones de sustentabilidad para edificaciones. Esta última opción, puesta en práctica desde hace varios años en el espacio europeo y últimamente en otros países, indiscutiblemente puede permitir una salida eficiente, válida y creativa para alcanzar aceleradamente estas metas.

En consecuencia, mi reflexión es que una buena política pública no es la que se materializa a través de ordenanzas rígidas compuestas por más reglas, prescripciones, tablas y ecuaciones, sino la que es más precisa con el problema a solucionar, la más práctica de aplicar y la más sencilla de fiscalizar. Espero que los instrumentos que nazcan de estas nuevas políticas públicas contengan este espíritu ágil e innovador, para que los arquitectos y especialistas veamos cómo incorporamos estas variables, entre varias otras, en proyectos de arquitectura para ciudades más sustentables.

[1] Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020