Luego de muchos meses de espera, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha ingresado un proyecto de ley ampliamente esperado para la ciudad. Se trata de la nueva legislación  de aportes al espacio público que propone una novedosa fórmula para que todos los desarrollos, chicos y grandes, aporten a la construcción de un mejor espacio público. No sólo ensanches de calles, sino mejores veredas, iluminación, mobiliario o arborización debiesen ser los efectos visibles de esta iniciativa.

En medio de la polémica por la suficiencia o insuficiencia de las mitigaciones exigidas al Costanera Center, considero fundamental poner sobre la mesa esta discusión legislativa que pronto se iniciará en el Congreso.

Probablemente, no es de común conocimiento que sólo el 5% de los proyectos inmobiliarios hace aportes o contribuye con obras adicionales para mitigar sus impactos sobre la ciudad. En la gran mayoría de los casos, esos aportes son visibles como más pavimento para los autos, semáforos y otros afines. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley amplía el espectro de esos aportes, y en vez de fijar umbrales para definir quién paga y quién no, se establece que ahora cualquier proyecto inmobiliario, independiente de su tamaño, deberá hacerlo en función de una fórmula conocida por anticipado. No sólo será  menos discrecional el monto de las obras requeridas por la autoridad, sino que será más equitativa y transparente la forma cómo éstas ocurren.

Proyectos con 149 estacionamientos, o bien 249 estacionamientos, eran extrañamente abundantes. ¿La razón? Bajo ese umbral, no estaban obligados a aportar con obras que mitiguen sus impactos. Como dice el dicho, “hecha la prueba, hecha la trampa”. Esto es justamente lo que la iniciativa del Ejecutivo busca corregir para que todos aporten en real proporción a la mayor carga que se genera sobre el entorno. Los proyectos ya no se “colgarán” de atributos existentes, sino que contribuirán a que éstos se mantengan en el tiempo.

La idea es que los recursos vayan a un fondo de inversión separado y que se invierta en función de un plan de proyectos conocido y priorizado. Serán los municipios los encargados de contar con dichos planes de inversión, y que éstos consideren la planificación comunal y la prioridad social, entre otros factores.

La concepción amplia de lo que se considerará  “aporte” permitirá definir obras que estén mejor alineadas con los impactos generados. Por ejemplo, en muchos casos es más caótica la escasez de espacio para los peatones, que instalar un semáforo o ensanchar una pista. Asimismo, estos fondos permitirán a los municipios expropiar aquellos lugares destinados a calles o áreas verdes para, efectivamente, ir implementando lo planificado.

La ciudad necesita de nuevas herramientas de gestión e implementación. Es la ciudad la necesitada de espacios públicos, y no los autos de más calles. Este proyecto de ley agrega un mecanismo inteligente, expedito y transparente que contribuirá a tener mejores ciudades, distritos y barrios.

Por otra parte, aporta reglas claras y mayor certidumbre a la industria, que hasta ahora se ha manifestado favorable respecto de la iniciativa.