El 2017 fue un año crítico para el sector inmobiliario. El descubrimiento de malas prácticas de algunos actores de este sector al borde de los límites de la norma, sumado a la ausencia de autoridad y ordenamientos actualizados a las necesidades y características de las nuevas ciudades, han planteado desafíos para toda la cadena productiva.

En efecto, la crisis ha generado oportunidades. Por un lado, ha propiciado el actuar de asociaciones gremiales en el rubro, las que han hecho un llamado a generar una cultura de trabajo que supere con creces los mínimos normativos o éticos en la construcción de nuevos proyectos, inmersos en una visión integral de la ciudad en la que todos queremos y tenemos derecho a vivir.

Por otro lado, nos ha emplazado a los arquitectos a elevar el estándar y cumplir con las expectativas de constructibilidad y rendimiento, calidad de vida de los residentes y aporte al espacio público.

La tarea, como puede imaginarse, no es nada sencilla. El diseño de edificación en altura se enfrenta a una serie de factores clave que hacen su cometido especialmente sensible; no sólo se trata de invertir en diseño y comodidad interior, sino que además de integración con el barrio y el acceso a transporte público (con tiempos de desplazamiento dignos), a múltiples y mejores servicios, mayor equipamiento urbano y sostenibilidad.

Existe consenso en que el crecimiento urbano no puede continuar en la vía expansiva de territorios alejados de los centros. La relación centro-periferia profundiza los flagelos provocados por la desigualdad.

La respuesta está en emular los modelos de densificación que han convertido a las grandes ciudades del mundo en casos de éxito. Las ciudades más densas -en las que el uso mixto del suelo permite la convivencia armoniosa de la vivienda, trabajo, comercio y servicios-facilita la integración, la vida de barrios en microcentros, el desplazamiento peatonal y ciclista y, finalmente, mejora la calidad de vida de sus habitantes.

La densificación es una respuesta al acceso igualitario de las oportunidades. Y todos los actores -autoridad pública, empresa privada y profesionales- podemos y debemos actuar mancomunadamente por este fin común; mientras las empresas inmobiliarias comienzan a trabajar los desafíos para combinar el desarrollo integral de proyectos éticos con un legítimo retorno de la inversión, las autoridades territoriales deben avanzar en la unificación de criterios sobre la forma y el modelo de planificación urbana, abarcado en un proceso participativo. En ambos frentes, los arquitectos nos mostramos disponibles para aportar.

En conjunto, podemos lograr una mejor versión de nuestras ciudades. No para posicionarlas entre las que han resuelto la tarea de la integración ni para lograr los beneficios atomizados de las partes, sino que para dar decididos pasos en la armonía social y una mejor herencia para las próximas generaciones.