El 2018 fue un año desafiante para las ciudades y la arquitectura chilena. Tras un exitoso posicionamiento en el escenario exterior durante los últimos años, los profesionales del rubro hemos tenido redoblar nuestros esfuerzos para aportar nuestra visión experta en el debate sobre el futuro y el crecimiento de nuestras ciudades.

La discusión no ha sido sencilla, dados los efectos de la exposición que, desde 2017, han tenido algunos proyectos muy cuestionados y que siguieron tiñendo el intercambio de ideas durante 2018. La pregunta sobre cómo construir ciudades inteligentes, sostenibles inclusivas, armónicas y de gran calidad de vida ha sido difícil de contestar con una respuesta reflexiva y convergente, especialmente en un contexto en el que se ha relevado el hecho de la incerteza jurídica que dificulta e inseguriza  la actuación de arquitectos y otros profesionales, repercutiendo de forma muy negativa durante las últimas semanas de 2018.

Dejando de lado las acusaciones cruzadas, el punto central en el que invertir la creatividad y el conocimiento de todos quienes pensamos en la ciudad debe estar puesto en el entendido de que el crecimiento urbano es un desafío multifactorial y de gran trascendencia en el presente y futuro de nuestra sociedad. Así lo evidenciamos con las diversas reacciones que suscitó el proyecto de vivienda social en Las Condes.

La integración y democratización de la ciudad y sus servicios son desafíos convocantes y requieren de la activa voluntad no solo de autoridades y urbanistas, sino que también de vecinos y comunidades. Se trata de promover una cultura de planificación seria y persistente, con participación ciudadana, liderazgo político y fundamentos técnicos que guíen con mirada de futuro el crecimiento o mejoramiento de nuestros espacios urbanos, pero con el foco puesto en el bien común de las personas que los habitan hoy y, muy especialmente, quienes lo harán en el futuro.

Es por eso que el 2019 debe convertirse en un año de acuerdos. Encontrar el consenso para que todas las entidades, instituciones, empresas y profesionales involucrados puedan aunar esfuerzos para proyectar las ciudades chilenas con esta perspectiva y las necesidades de la población que habita y habitará en ellas, corrigiendo los errores y avanzando con propuestas que tengan una visión de Estado.

En esa línea, es gratificante ver cómo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se ha fortalecido para cumplir con su tarea de proponer normativas y políticas públicas para la construcción de ciudades más equitativas, en base a una rica interacción entre los sectores público y privado y la sociedad civil.

La tarea es titánica, pero urgente. Los arquitectos y urbanistas estamos obligados y comprometidos para colaborar en el avance, coordinado y consensuado, de la planificación de las ciudades chilenas y confiamos que el resto de los actores dispongan del entusiasmo. Es algo que se lo debemos a nuestros conciudadanos de hoy y mañana.