11 de mayo del 2026

La AOA aborda con el Ministro de Transportes los desafíos de la Ley de Aportes al Espacio Público

Durante el encuentro, la AOA expuso una serie de propuestas orientadas a simplificar la tramitación de los IMIV, fortalecer la certeza jurídica y avanzar hacia un sistema más eficiente y proporcional.

El pasado 5 de mayo, Fernando Marín, presidente de la AOA, acompañado de Marisol Rojas, Vicepresidenta de la AOA e Yves Besançon, ex presidente de la AOA, se reunieron con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones,  Louis de Grange, con el fin de proponer mejoras a la ley de Aportes al Espacio Público, materia en la que la autoridad ya se encuentra trabajando. El encuentro se suma a una reunión sostenida con el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna Rueda, hace algunos días.

Promulgada en octubre de 2016 y vigente desde noviembre de 2020, la ley establece las obligaciones que nacen a propósito del impacto que genera el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la ciudad, es decir, realizar mitigaciones directas y/o aportes al espacio público en infraestructura, conectividad y movilidad.

En ese marco, la AOA plantea que persisten diversos problemas que originalmente motivaron su tramitación. Entre estos se cuenta la arbitrariedad, desigualdad y desproporcionalidad que estaban presentes en el antiguo sistema (Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano) que hoy se suma a burocratización del sistema ( las responsabilidades se distribuyen entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sus Secretarías Regionales Ministeriales y las municipalidades, particularmente a través de las Direcciones de Tránsito y las Direcciones de Obras).

De esta forma, el sistema actual no ofrece claridad ni certeza respecto a los plazos de tramitación, los costos asociados a las mitigaciones ni los criterios de evaluación. 

Entre las principales dificultades se encuentra la complejidad del proceso para obtener un IMIV, la necesidad de reevaluar estudios ante modificaciones menores de proyecto, diferencias de criterios entre municipalidades, incumplimientos de plazos, debilidad del silencio administrativo positivo y rechazos de estudios sin observaciones previas.

La plataforma digital del sistema presenta, además, limitaciones operativas, como demoras en respuestas, problemas en la carga de documentos y falta de automatización de ciertos procesos.

Es muy importante recalcar que conforme al espíritu de la ley, los Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) no fueron concebidos para resolver déficit históricos de infraestructura en ciudades, sino para abordar los impactos directos generados por cada proyecto.  Así, en muchos casos las mitigaciones exigidas superan los impactos reales generados por los proyectos. La AOA propone, a corto plazo, establecer que en la revisión y aprobación de los IMIV no se pueden tratar aspectos ajenos a lo determinado por la Ley, lo que se traduce en exigencia de obras que sobrepasan el marco legal, indeterminadas e imposibles de prever por los proyectos. Además, una modificación legal para que el IMIV no sea requisito previo y vinculante con el permiso de edificación, sino que pueda aprobarse de forma independiente y requisito para la obtención de la recepción final del proyecto.

“Consideramos que fue una excelente reunión con el Ministro De Grange y su equipo asesor, agradecemos la prontitud de recibirnos y la excelente recepción a nuestros planteamientos. Reunión, además, que vino a complementar la sostenida días atrás con el subsecretario de transportes, Martín Mackenna Rueda, de quien también recibimos una muy buena acogida a esta serie de medidas que creemos pueden impactar positivamente el desarrollo de nuestros proyectos. Prueba de ello es la reciente publicación de la primera circular emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que busca reducir la discrecionalidad en las exigencias de mitigación de los IMIV ”, detalló Marisol Rojas.

Finalmente, a largo plazo, se plantea retomar el proyecto original de aporte al espacio público enviado por el Presidente Piñera en 2012 y aprobado en la Cámara de Diputados, que permitía financiar obras de infraestructura vial y de espacio público asociadas al desarrollo urbano mediante aportes proporcionales de los proyectos inmobiliarios, estructurados a través de planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público vinculados a la planificación urbana.

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