El reciente anuncio del Ministerio de vivienda y urbanismo (MINvU) de expropiar 100 ha de las 215 ha, usurpadas en el Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, es una muy mala señal para todos aquellos que desde hace años están esperando una solución habitacional para su familias. Este terreno ocupado ilegalmente por más de 10.000 personas, se produce a partir del año 2019, cuando en forma organizada, los usurpadores, se apropian de un terreno ajeno, ingresando a lotearlo con planificación profesional, con maquinaria pesada y posteriormente vendiendo lotes haciendo así un negocio mediante un loteo brujo. Es importante señalar el daño al Estado de Derecho que produce el no respetar los fallos del poder judicial, aplicando una solución que en mi opinión regulariza un loteo ilegal, ya que esto debió haberse resuelto oportunamente hace cuatro años cuando esta toma era aún incipiente. La señal es mala, porque el Estado nos está diciendo que tomar atajos para conseguir una vivienda y no esperar que el mismo Estado resuelva el problema mediante los mecanismos legales existentes, hará que en el futuro las personas vulnerables se pregunten qué sentido tiene esperar tantos años cuando algunos consiguen de esta manera una solución más rápida para su problema de vivienda. Los voceros del MINVU han dicho que esta alternativa de la expropiación forma parte del orden constitucional del país, pero su uso debiera estar reservado para casos especiales de inversión en infraestructura y necesidades básicas para la población como, apertura de calles, carreteras, estaciones de metro y otro tipo de obras que requieren de terrenos privados para la ejecución de las mismas. Se dice también por parte del ministerio que esta medida se utiliza en esta ocasión para evitar una crisis humanitaria que afectaría a muchas familias entre las que se incluyen más de 3000 niños, sin embargo, se está actuando tardíamente para resolver el problema comunitario que ya existe hace cuatro años ya que estas familias habitan un lugar sin servicios básicos necesarios para una mejor calidad de vida, lo que debió haber sido enfrentado por el Estado en forma oportuna y eficaz, desde el inicio de la usurpación. El proceso expropiatorio no es una acción instantánea, ya que puede tomar hasta dos años o más para llegar a un acuerdo con los propietarios. También señalar que la decisión de expropiar solo la mitad del terreno, obliga al Estado a cumplir con el fallo judicial de desalojar la toma ilegal de la mitad que no va a ser expropiada. Una toma prolongada en el tiempo produce graves problemas aledaños tanto a vecinos como a futuros emprendimientos inmobiliarios tan necesarios para el país en momentos en que vivimos una crisis habitacional con más de 700.000 viviendas de déficit, cuya disminución solo será posible con la acción de la empresa privada, que es la que en definitiva construye nuestras ciudades y resuelve los problemas de vivienda para las familias chilenas.

El proceso iniciado por el MINVU, abre algunas interrogantes. ¿Las 100 ha expropiadas se destinarán solo a las 4.000 familias que usurparon el terreno? ¿O se incluirán las 2.500 familias de los comités de vivienda de San Antonio que esperan su casa hace más de 10 años? De lo contrario la señal por parte de las autoridades hacia los que esperan por años una vivienda mediante los sistemas regulares es que tendrán que saltarse la fila, para obtenerla de manera más rápida presionando con actos ilegales de usurpación de terrenos privados.