El 90% de los habitantes del país vive en ciudades. Lo expuesto la semana pasada por el intendente Orrego evidencia una situación que hemos denunciado anteriormente: no contamos con instrumentos de planificación urbana operativos, eficaces, dinámicos y adaptables.

Los problemas relacionados con la armonía, conectividad, escasez de áreas verdes y seguridad del espacio urbano explican la urgencia de contar con una política de Estado de planificación a largo plazo. Solo en el caso de Santiago existen 36 planos reguladores municipales no coordinados por un documento actualizado (el actual Plano Regulador Metropolitano de Santiago fue aprobado en 1994 y con una última modificación en 2011) que, de forma contraproducente, agravan un escenario caótico y demandante.

En un año marcado por las elecciones presidenciales y legislativas, esta carencia se hace aún más relevante en la discusión sobre el ordenamiento y desarrollo de las urbes chilenas. Los fenómenos de delincuencia, deficiente transporte público y la segregación social son la cara visible de un problema más profundo que nos afecta y se potencia en un tema pendiente que parece no ser asumido por nadie.

Invitamos a quienes aspiran a postular a cargos públicos y a sus equipos técnicos a abordar -junto al sector privado y el Estado- el imperativo replanteamiento de nuestras ciudades y a preparar propuestas referidas al planteamiento territorial, instalándolas como una pieza central de un programa de gobierno que trascienda los cuatro años de administración.