Señor Director:

La demora en la definición de una “solución” para la toma de San Antonio, que incluye el anuncio de una expropiación parcial del terreno, carece en realidad de viabilidad temporal. El Gobierno sabe que dicho procedimiento exige etapas administrativas, técnicas y presupuestarias que, en la práctica, toman varios meses o incluso más de un año, haciendo imposible su concreción en los 100 días que restan de mandato. Todo indica, por lo  tanto, que se trata de una medida más bien retórica, destinada a diferir el conflicto y trasladar su resolución al próximo gobierno, luego de cuatro años sin resultados y, finalmente, sin una voluntad efectiva de actuar.