La nueva Línea 3 del Metro requiere expropiar el restaurante San Remo, en Avenida Matta, para usarlo como pique de construcción y posterior ventilación. La medida ha sido rechazada por sus propietarios y por clientes, quienes organizaron la campaña “El San Remo No se Toca” junto a figuras de televisión y líderes de opinión.

Luego de semanas de discusión, la empresa Metro informó que el pique no puede desplazarse por razones técnicas y económicas. Por lo tanto, el San Remo tiene sus días contados y sus dueños acudieron a tribunales para presentar un recurso de protección que permita frenar la expropiación. Su actitud me parece legítima. También es válido que los clientes del San Remo defiendan con fuerza este lugar, pese a los reparos que me surgen de la campaña “No se Toca” relatados magistralmente por Oscar Contardo en una columna de opinión.

Lo que no es lógico es que la alcaldesa Tohá tome partido por el restaurante al punto de esperar que su recurso de protección prospere, lo que implicaría retrasar en más de seis meses la puesta en marcha de la Línea 3. Esto afectaría a miles de habitantes de seis comunas, elevaría el costo fiscal de la obra y sólo desplazaría la expropiación a otro sitio que podría ser una vivienda.

Más preocupantes son los fundamentos para tomar esta posición. En su página web de campaña, la alcaldesa señala: “…Estamos aquí para exigirle al Metro un cambio en su manera de enfrentar este tema, a tomarse en serio la participación de la comunidad y buscar de verdad alternativas, y como empresa pública que es a velar por el bienestar general”.

¿Bienestar general? Si fuera por ello el tema ni siquiera daría para un debate. El Metro se impondría por lejos, ya que beneficia a 30 mil personas por hora, promueve un transporte público limpio y sustentable, se construye bajo tierra para minimizar impactos y favorece la revitalización de los barrios como ninguna otra obra pública. Tampoco me cuadra esa “participación de la comunidad” que describe el texto, ya que podría premiar la capacidad de movilizarse y visibilizar una causa, antes que el número de personas afectadas. En un ejercicio verdaderamente democrático habría que consultar a todos los habitantes de la comuna de Santiago y de los otros cinco municipios que conecta la Línea 3. Y creo que su respuesta sería unánime: es el Metro el que no se toca. ¿Quién los representa a ellos?

Nuestra ciudad enfrenta un escenario crítico de congestión y por ello se debe ampliar la red de Metro. Vendrán nuevas líneas, y aunque los avances técnicos han permitido minimizar las expropiaciones, existirán y serán dolorosas, especialmente si involucran viviendas.

En este escenario, las autoridades municipales no pueden tomar partido por un predio particular, confundiendo el legítimo derecho de su propietario por mantener su negocio con el bienestar general. Tampoco es razonable que la defensa se base en un valor patrimonial no reconocido por la institucionalidad vigente.

Este caso demuestra la necesidad de contar con una autoridad metropolitana que pueda mirar con perspectiva de ciudad estas controversias, y que empuje proyectos de tanto beneficio social como la Línea 3 del Metro.