Durante su participación en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el presidente del Comité de Normas de la AOA, José Ramón Ugarte, valoró los esfuerzos legislativos para mejorar la normativa sobre permisos de edificación; sin embargo, advirtió que, para generar una verdadera agilización de los trámites es necesario abordar, al mismo tiempo, los requisitos que aplican las DOM a los proyectos y recepciones, una parte de los cuales son las disposiciones de la ley, siendo igualmente importantes otros dos: lo que diga la Ordenanza General y lo que digan las Circulares de aplicación obligatoria que emite la División de Desarrollo Urbano del MINVU, ambos aspectos en los que no se está avanzando, lo que permite suponer un escaso efecto real de lo que se apruebe en el presente proyecto de ley.

Ugarte señaló la necesidad de fortalecer las dotaciones técnicas en Direcciones de Obras Municipales (DOM) y, especialmente, en Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo, sobre todo, en la Región Metropolitana, donde los plazos para resolver reclamos pueden superar un año y más. Esta dilación, explicó, en los hechos invalida o deja sin efecto la instancia de reclamación, forzando a los propietarios, y a los arquitectos, a aceptar sin apelación las demoras y cualquier exigencia que realicen las DOM durante las tramitaciones.

Sobre el contenido del proyecto de ley manifestó su rechazo a la propuesta de incorporar un procedimiento adicional de admisibilidad en las DOM, por considerarlo redundante y propenso a generar trabas innecesarias. “Un examen superficial de tres días puede derivar en rechazos por diferencias técnicas o documentales que son perfectamente abordables en la etapa de revisión del expediente”, indicó.

Respecto de los informes de mitigación vial, respaldó la idea de postergar su exigencia hasta la recepción final, ojalá en todos los casos, para al menos disminuir la capacidad de formular exigencias indebidas por los organismos que participan en el proceso, junto con volver a insistir en la existencia de graves defectos en la actual Ley de Aportes al Espacio Público, redactada —según señaló— sin un mínimo conocimiento sobre los efectos que sus disposiciones tendrán en la realidad de los proyectos.

Una propuesta concreta que dejó Ugarte es incluir en la ley la obligación de que las Seremi de Transportes, antes de comunicar las observaciones de los organismos sobre un IMIV, dejen fuera todas las exigencias que se apartan del concepto de estándar de servicio del sistema de movilidad, como es el caso de buena parte de las observaciones – exigencias que hoy se emiten en el proceso.

Finalmente, frente a la consulta de un Senador sobre la “venta de firmas” para obtener permisos, Ugarte defendió la importancia de reforzar el rol de control ético de los Colegios Profesionales, con el debido cuidado de los derechos sobre la libertad de trabajo que dispone la Constitución.