La Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) manifiesta su preocupación frente a la grave crisis que atraviesa el país en materia de tramitación de permisos de obra y sectoriales, una situación que ha impactado de manera directa y severa al sector de la arquitectura y la construcción. Las estadísticas ya muestran un estancamiento y, en algunos casos, un retroceso en la entrega de permisos de edificación, fenómeno ampliamente documentado en estudios y artículos especializados. 

Las causas son diversas. Destaca una normativa cada vez más confusa y también el llamado temor funcionario, producto de la posibilidad de enfrentar consecuencias laborales, reputacionales o patrimoniales ante eventuales errores. Este escenario ha impulsado exigencias crecientes de antecedentes, lo que traslada cargas y responsabilidades a terceros en un intento de disminuir riesgos administrativos.

Más allá de sus causas, los efectos se vuelven evidentes y preocupantes. El principal es la pérdida de certeza jurídica, que precariza los permisos y frena la inversión en proyectos y construcción. Ello encarece procesos, dificulta la planificación y finalmente traslada sus costos al comprador final o al propietario de un proyecto. El ciudadano común termina siendo quien paga las consecuencias de un sistema que no logra operar con la agilidad y seguridad necesarias. Resulta además incomprensible que el Estado no asuma la responsabilidad por los documentos y aprobaciones que él mismo emite, desde simples Certificados de Informes Previos hasta permisos de obra o autorizaciones sectoriales, los que pueden ser luego desconocidos o anulados sin medir el nivel de incerteza y daño generado. Estas decisiones afectan la credibilidad institucional y también el acceso de la ciudadanía a equipamiento, espacio público, vivienda y servicios, incluso cuando los proyectos cumplen estrictamente la normativa vigente.

Frente a este escenario, la solución de fondo parece evidente. Como requisito básico, se debe asegurar el cumplimiento de la ley en todas las etapas del proceso. Esto implica que los desarrolladores y propietarios tramiten sus permisos conforme a la normativa aplicable, y que el Estado y sus funcionarios evalúen y aprueben, dentro de los plazos establecidos, todos los proyectos que cumplen las disposiciones legales. Así se evita caer en procesos interminables, discrecionales o contradictorios.

La ley debe aplicarse en toda la cadena de tramitación y construcción, pero el funcionamiento del sistema debe ser además predecible, eficiente y coherente con el marco institucional que lo rige. El proceso de aprobación constituye un servicio público que debe ejercerse con interés y eficiencia. Una vez otorgado un permiso, este se convierte en un derecho que no puede ser impugnado arbitrariamente.

Las oficinas de arquitectos de la AOA reiteran su compromiso con la arquitectura de calidad, la correcta aplicación de la normativa y el respeto a la ley para construir ciudades eficientes, armónicas y centradas en las personas. Queda pendiente que el Estado asuma su propio compromiso y ejerza su autoridad con apego a la ley y dentro de los plazos que él mismo establece.