Señor Director:

La columna de Francisco Covarrubias sobre los “espíritus de Vitacura” (ayer) refleja un problema mayor, ya que la paralización de proyectos ocurre por vetos múltiples, a veces fuera del alcance de los mismos y en ocasiones extemporáneos.

Chile parece atrapado en un laberinto donde cada objeción, por débil que sea, termina frenando inversiones que generan empleo, crecimiento y soluciones urgentes.

Estos “espíritus” no solo rondan Vitacura, sino que también se repiten en distintas regiones del país y afectan, entre otros, a proyectos de infraestructura, vivienda, energía y salud.

Un caso ilustrativo es el del Hospital del Salvador, pues una obra de indiscutible interés público acumula años de retraso por observaciones de diversa índole, incluyendo algunas patrimoniales sobre “vestigios” de escasa evidencia. La consecuencia es siempre mayores costos, pérdida de oportunidades y una ciudadanía que espera durante años soluciones que la ausencia de criterios de ponderación y priorización termina postergando.

Por lo mismo, cabe preguntarse qué se considera una opinión válida y con mérito suficiente para detener un proyecto de interés público o privado. ¿No sería conveniente establecer un filtro que distinga entre reclamaciones fundadas y aquellas sin sustento, con el fin de evitar que estas últimas ejerzan un poder de veto, aunque sea momentáneo?

Nuestro marco institucional ya garantiza espacios de participación ciudadana y técnica, pero estos deben operar con criterios más rigurosos de proporcionalidad, agilidad y oportunidad.