Recientemente hemos leído en la prensa observaciones a proyectos sometidos a evaluación ambiental. Algunas llamativas como la defensa de una lagartija, un hallazgo arqueológico de plástico o la eventual afectación de un paisaje transitado por pueblos ancestrales.

Cuando esas objeciones se amplifican, se instala la idea de que el rol de los organismos sectoriales es simplemente oponerse al desarrollo. La imagen de un “Estado que frena” termina invisibilizando la importancia real de la protección ambiental y patrimonial, y abre espacio para quienes proponen desregular o limitar atribuciones.

Estos episodios, que capturan con facilidad la atención pública, suelen tener una causa menos visible: la falta de liderazgo técnico en la coordinación de las ventanillas únicas.

El coordinador o coordinadora, que debería articular el trabajo de revisión entre distintos servicios públicos, muchas veces actúa como un mero buzón. Reenvía informes, acumula observaciones, pero no analiza el contexto, la escala ni la pertinencia legal de los cuestionamientos. En ese vacío, cada servicio defiende su parcela sin una mirada integradora. Así, lo que debería ser un estudio orientado a compatibilizar desarrollo y protección ambiental termina convertido en una carrera de obstáculos o en una lista de obras accesorias o acciones que poco tienen que ver con mitigar impactos reales.

El desafío es dotar al coordinador de atribuciones claras para entender las competencias ambientales de cada servicio, sistematizar observaciones, optimizar recursos invertidos en revisión, y facilitar el cumplimiento de la normativa. Así se podría construir una relación más virtuosa entre el Estado y la inversión privada, donde el desarrollo avance sin poner en riesgo el medioambiente ni el patrimonio.

Si no se corrige este déficit, el riesgo es que la discusión pública derive en soluciones simplistas: menos controles, plazos recortados o un debilitamiento del sistema. Sería un error grave. El país necesita justamente lo contrario: una institucionalidad robusta, con autoridad técnica y con capacidad de equilibrar desarrollo y protección ambiental.