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Presidenta AOA llama a garantizar certeza jurídica para elevar la productividad en la construcción


Si bien indicadores han mostrado que la productividad laboral de la economía nacional aumentó un 20% entre 2000 y 2018, el sector de la construcción vive un escenario muy distinto. Según cifras de la Comisión Nacional del ramo (CNP), este rubro es uno de los más rezagados del país. De hecho, un informe de 2019 de ese mismo organismo reveló que las obras nacionales presentan, en promedio, un indicador de 0,24 m2 por persona-día, cifra 53% menor a la muestra internacional, que alcanza una media de 0,37 m2 por persona-día.


En ese contexto, la presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA), Mónica Álvarez de Oro, enfatiza que uno de los factores que más influyen en esta situación es la legislación y las normativas que rigen actualmente, advirtiendo de las "incongruencias" que a su juicio presentan.


“No podemos sino estar en absoluto acuerdo con la mejora en la productividad, la industrialización, la estandarización y modulación del proceso constructivo. Sin embargo, debemos entender que esta optimización de los procesos no comienza junto con las fundaciones de una obra, ni siquiera en la definición del proyecto, sino que empieza en la legislación y normativas que nos rigen, y éstas en la actualidad en nuestro país tienen incongruencias importantes entre ellas, generadas el año 2013 al modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) sobre ley de calidad y donde la OGUC aún no lo hace en su decreto”, asegura la titular de AOA.


Por ello, la arquitecta sostiene que “no es suficiente tener sistemas, procesos y materiales de última generación que agilicen la ejecución de una obra, si todo el proceso previo de aprobación de permisos se ve obstruido por discrepancias entre leyes y normas, provocando discrecionalidad en las exigencias para los proyectos e incerteza jurídica en la obtención de permisos”.


Industrialización y nuevas tecnologías


Por otro lado, Álvarez de Oro considera que los gremios afines deben "validar este tipo de procesos industrializados frente a nuestras autoridades, con el objetivo de modificar la normativa vigente para poder ponerlos en práctica. Debemos ampliar la visión del Estado para su homologación si así correspondiera".


La dirigenta gremial argumentó esta mirada señalando que "al introducir nuevas tecnologías, es siempre la normativa la que cambia al final y es la que retrasa mayormente la implementación de ellas". Por ello, dijo, "como gremios ligados a la construcción, siempre debemos actuar de forma conjunta para lograr cambios que beneficien a la comunidad completa, con la mayor rapidez posible".


Otra dificultad que advierte la presidenta de la Asociación es el proyecto de Ley de un Nuevo Plan de Recuperación Económica y Social, presentado recientemente por el Ejecutivo, y que pretende eliminar o reducir exenciones tributarias, entre ellas el no cobro de IVA a las viviendas económicas.


"Ante el preocupante déficit habitacional, que hoy alcanza más de 500 mil viviendas, el Estado debe evaluar que una de las políticas más exitosas en términos de vivienda y reactivación, es justamente la de las exenciones tributarias que hoy pretende eliminar o reducir".


En ese sentido, añade que “el DFL2, con otros beneficios tributarios, han sido desde hace cerca de 60 años un instrumento que ha probado ser efectivo, tanto como herramienta que facilita el acceso a la vivienda, como en su contribución a una mayor y más sana actividad económica por el círculo virtuoso generado entre sectores productivos en los que se estimula la construcción. Estas no deben ser consideradas prerrogativas ocasionales, sino políticas públicas permanentes".


Cabe mencionar que la presidenta de la AOA entregó su opinión sobre esta materia en un conversatorio realizado el lunes 27 de septiembre recién pasado, en el marco del evento Edifica de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).