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Opinión - Hacia ciudades mejores y más justas

Por: Mónica Álvarez de Oro, Presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).

Más de la mitad de la población mundial vive en centros urbanos y en nuestro país la cifra llega a cerca del 90%. Hoy, la pandemia ha puesto en evidencia grandes problemas sociales, económicos y sanitarios, producto de que vivimos en ciudades tremendamente desiguales y segregadas.

Los arquitectos cumplimos un rol fundamental en las condiciones de vida de barrios y ciudades. Viviendas, edificaciones y espacios públicos dependen de esta disciplina que se encarga de diseñar y construir para poder ofrecer espacios confortables y prácticos.

La situación actual nos debe llamar, como profesionales, a reflexionar acerca de la ciudad, cómo vivirla de una nueva manera y hacerla más justa.

La tecnología es una herramienta muy útil, en todas las escalas, desde la planificación del territorio, las áreas urbanas y las edificaciones específicas. Pero también, como industria, debemos participar activamente en el diseño de las políticas públicas. Los grandes temas ya están en discusión en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como la densificación equilibrada, gobernanza, acceso a la vivienda, equidad territorial y sostenibilidad; sin embargo, ahora se hace urgente su implementación para continuar como una sociedad que ha dado un paso hacia adelante y hacia el desarrollo. Es por eso que aparte de levantar estos temas, debemos hacer su bajada, ayudar a modificar normativas, acortar tiempos de procesos de aprobaciones de permisos, entre otros, para lograr una arquitectura de calidad, transversal y equitativa, que ayude a las personas a tener un mejor vivir.

En las últimas décadas, el desarrollo urbano ha sido notable. En general tenemos mejores ciudades, condiciones sanitarias y de movilidad. El tema es que esas mejores condiciones no son parejas para todos. Se ha generado segregación y una clara inequidad en el acceso a estas mejores condiciones; ha fallado la planificación. Falta la mirada sistémica de las ciudades que estén por sobre las ópticas parciales y desagregadas que hoy dan las normativas comunales.

No podemos olvidar que la arquitectura y el urbanismo van de la mano: la primera siempre impacta al segundo, en mayor o menor manera. Se trata de conceptos indivisibles, que juntos conforman un sistema. Lamentablemente, el diseño urbano de nuestras ciudades -que por su envergadura queda en poder del Estado- había quedado relegado, a través de una planificación muy general, al último plano frente a necesidades de la población que pueden verse ahora como más inmediatas.

Y es que la planificación urbana impacta directamente en la calidad de vida de las personas, su salud física y mental, e incluso en su movilidad social. En ese sentido, el mayor problema es que los planes reguladores comunales no conversan entre sí y los planes metropolitanos son obsoletos y poco claros. Además, los tiempos de sus aprobaciones o modificaciones, se ven sobrepasados por la velocidad de los cambios sociales y técnicos.

Todos los profesionales de la industria debiéramos aportar a la edificación del espacio público, generando un vínculo. Si entendemos cada edificación como parte de un sistema y, con ello, su deber de contribuir a un mejor resultado, nuestras ciudades serían definitivamente diferentes y mejores.

Como Asociación hemos trabajado de la mano con las distintas entidades públicas para generar marcos legales y políticas públicas que tiendan al mejoramiento de nuestras ciudades, como también a establecer una visión global de ellas para trazar directrices en sus futuros crecimientos y actuales modificaciones. Sin embargo, así mismo, todos los arquitectos somos responsables de los proyectos de edificación y urbanismo que planificamos debemos tener conciencia que cada obra pasa a ser componente de una calle, un barrio y, finalmente, de un sistema mayor que es la ciudad. Cualquier obra, más allá de su escala, impacta directamente en ella, y este impacto puede ser positivo o negativo.

Chile ha cambiado y lo ha hecho demasiado rápido, y las políticas públicas no están cambiando con la velocidad necesaria. Es hora de flexibilizarlas, de hacerlas más resilientes y más adaptables al cambio; de basarlas en la confianza entre el mundo público y privado y no en la desconfianza, como hasta ahora se ha hecho. Estamos en un punto en que muchas cosas cambiarán y lo harán para siempre. Somos nosotros los responsables de hacer que esos cambios sean positivos y, para ello, es central un correcto diagnóstico de los requerimientos de la sociedad hacia su hábitat.