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AOA acude a la Convención Constituyente y solicita reconocer a ciudades y pueblos en la Carta Magna

La Presidenta y el Vicepresidente de AOA, Mónica Álvarez de Oro y José Ramón Ugarte, respectivamente, asistieron este lunes 20 a la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente, donde presentaron una propuesta de la asociación para incorporar a las ciudades en la nueva Constitución.


“La arquitectura es un arte complejo que va mucho más allá de las edificaciones. Esta tiene un importante impacto y rol social, y puede ser parte de la solución a los problemas que hemos visto manifestarse en nuestro país o, de lo contrario, agravarlos”, comenzó diciendo Álvarez de Oro frente a los constituyentes reunidos en el ex Congreso Nacional.


Luego, José Ramón Ugarte comentó que la Asociación se encuentra participando de la formulación de la nueva Carta Magna a través de distintas vías: A través del Ciclo “Diálogos Constitucionales” que se ha desarrollado este año, mediante presentaciones como esta ante la Convención Constituyente, y próximamente con la entrega de propuestas a través de la “Iniciativa Popular de Norma”.


El objetivo de aquellas acciones apunta, según dijo el Vicepresidente AOA, al hecho de que “consideramos que hay materias que debieran formar parte de nuestra Constitución que nos atañen a los arquitectos y que muestran una conexión que no ha estado presente en la mayoría de los procesos constitucionales que ha tenido Chile desde hace bastante tiempo”.


En ese sentido, Ugarte explicó que conceptos como “civilización”, “ciudades” y el uso reciente de la palabra “pueblo” están “ligados íntimamente a la Constitución”.


“En nuestro quehacer como arquitectos tenemos acumulados tantos fracasos en ambos temas (derecho a la vivienda y derecho a la ciudad), que nos ha permitido conocer sus causas. Los motivos son muchos, partiendo por la escasa importancia que como sociedad entregamos a estos temas, siempre secundarios en la discusión pública, no pocas veces señalados como temas técnicos o de especialistas”, sostuvo.


Por el contrario, afirmó, “ante todo son temas políticos, en el amplio sentido de la palabra. No es un tema técnico porque si no el obstáculo, por ejemplo, para construir las miles de viviendas que faltan sería la disponibilidad de suelo. Y aquí es necesario detenerse: en todas las ciudades chilenas hay suelo sin ocupar o subutilizado que podría usarse para construir viviendas para personas en situación de pobreza si se resuelven dos cosas: pagar el costo y superar el rechazo de los vecinos”.


Con respecto a lo último, Ugarte puso como ejemplo el caso del conjunto habitacional “Flor del Valle” de Maipú, cuya construcción fue rechazada en 2016 por el Concejo Municipal ante la oposición de los vecinos al proyecto.


“La resolución del concejo fue que no se realizara por oposición de los vecinos que quedarían cercanos a la nueva población. Los postulantes a ese nuevo proyecto llevaban más de diez años en un campamento dentro de una misma comuna”, recordó el arquitecto.


Déficit habitacional

Así, comunas como la misma Maipú enfrentan hoy un aumento explosivo de campamentos en el último tiempo. “Los conjuntos de viviendas para personas en situación de pobreza son tratados con lo que técnicamente se llama un uso de suelo indeseado, como si fueran actividades contaminantes. Mientras tanto, asistimos a un cambio que nos debiera avergonzar: después de décadas de disminución del déficit habitacional en Chile, la situación se ha revertido hace poco más de una década, con una tendencia que no cambiará si no tomamos medidas capaces de hacerlo, acciones en que no es suficiente el solo momento del gasto público o del presupuesto del Minvu”, aseveró el representante de AOA.


Por último, Ugarte enfatizó que estas problemáticas “tienen mucho que ver con la Constitución. A través de dos formas: la primera, estableciendo el derecho a la vivienda, y la segunda -sin la cual la primera no tendría efecto- es reconociendo a las ciudades como entidades político-administrativas, con autoridades electas que tengan a su cargo la obligación de proveer viviendas a los ciudadanos que no las tienen o viven hacinados. Y también que dichas viviendas tengan derecho equitativo a los bienes urbanos en la ciudad”.


“Sin esta segunda acción, que es reconocer en la Constitución algo tan básico como la existencia de las ciudades y los pueblos, no hay ninguna posibilidad que la disponibilidad de suelo para viviendas se resuelva. Esto es imposible que se solucione si no existe una autoridad que vele por la ciudad en su conjunto, superando las miradas o intereses parciales. La solución es constitucional; si no se resuelve reconocer a las ciudades y pueblos en la Constitución, difícilmente va a existir una solución”, concluyó.