Fernando Marín Cruchaga

Presidente

Asociación de Oficinas de Arquitectos

Publicada en La Tercera 

Sr. Director:

El Gobierno ha planteado entre sus prioridades hacer más eficiente el gasto público, un objetivo que, sin duda,  todos debemos compartir. Hay, sin embargo, una realidad poco conocida. Una consultoría o un contrato de construcción  para el Estado puede llegar a costar el doble que una equivalente en el sector privado. Parte de la explicación está en la forma en que el Estado contrata. Las empresas deben incorporar en sus ofertas riesgos que difícilmente pueden controlar, como extensiones de plazo, modificaciones, revisiones sucesivas y demoras en las aprobaciones. Lo que muchas veces puede interpretarse como un sobreprecio es más una salvaguardia frente a esa incertidumbre.

Los organismos públicos exigen legítimamente el cumplimiento de los plazos y aplican multas cuando corresponde. Pero si las demoras provienen de la propia Administración, las empresas deben mantener equipos profesionales y garantías durante meses, incluso años, adicionales, muchas veces sin compensación. Ese riesgo termina inevitablemente incorporándose al precio de las ofertas.

Si queremos un Estado más eficiente, reducir el riesgo de contratar con él es parte de la tarea. Establecer plazos efectivos para sus decisiones y reconocer los mayores costos derivados de retrasos atribuibles al mandante permitiría ofertar con menores resguardos, atraer más oferentes y obtener mejores precios. Reducir la asimetría contractual es también una forma de cuidar los recursos públicos.