Parte de la Mesa Mesa Multigremial por la Eficiencia y Transparencia en la Gestión de Proyectos y Obras se reunió el lunes 5 de mayo con la Contralora General de la República de Chile, Dorothy Pérez Gutiérrez, instancia en la que la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA), representada por su Presidente, Juan Sabbagh y Marisol Rojas, presidenta del Comité Normativo de la entidad, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación Nacional de Revisores Independientes (ANRI), la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA), el Colegio de Arquitectos de Chile (CA), y la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) entregaron una serie de propuestas con el propósito de coordinar esfuerzos y promover mejoras sustantivas en el desarrollo de proyectos y obras.

“Valoramos profundamente esta instancia de diálogo y colaboración con la Contraloría General de la República y especialmente su entendimiento respecto a diversas situaciones que dificultan o restringen innecesariamente la ejecución de iniciativas fundamentales para el desarrollo urbano y territorial del país”, afirma Juan Sabbagh, Presidente de la AOA.

Entre las principales problemáticas que afectan el desarrollo oportuno y eficiente de los proyectos, se ha identificado el reiterado incumplimiento de plazos por parte de organismos del Estado. Esta situación genera retrasos significativos en la tramitación de proyectos e incertidumbre para los distintos actores involucrados en su ejecución. Ante esta situación, la contralora explicó que, aunque para el Estado muchas veces no hay plazos fijos, están trabajando para que los organismos públicos -incluido ellos- cumplan con los tiempos, tomando medidas dentro de sus facultades en los casos que los organismos públicos no den cumplimiento a ellos.

Dentro del contexto anterior, el diagnóstico presentado a la Contralora reconoce la importancia de los dictámenes de Contraloría General de la República, en tanto cumplen el rol de control de legalidad de las actuaciones de órganos de la administración pública, pero pone énfasis en la preocupación con instrucciones o dictámenes interpretativos del organismo susceptibles de implicar modificaciones a criterios o situaciones jurídicas consolidadas impartidas por otros órganos de la administración del Estado (DOM, Seremis, etc.). De esta forma, los dictámenes interpretativos pueden suponer que pueda aplicarse retroactivamente un criterio, afectando derechos adquiridos de buena fe, y en consecuencia también, el principio de la certeza jurídica y el de irretroactividad de las normas. En ese sentido, la contralora dijo que la intención de los dictámenes no es generar retroactividad en la aplicación de las normas y se mostró receptiva a los planteamientos realizados durante la reunión.