Vivienda enviará proyecto para rematar casas sociales desocupadas y recuperar subsidios

21 marzo, 2013

Fue un 21 de mayo de 2011 cuando Víctor Aliaga, junto a su familia, recibía las llaves que lo convertían en propietario de una casa de alrededor de 50 m {+2} en Isla de Maipo. Hasta ahí todo parecía el final feliz de una historia que se inició en 2001 con la presentación de los primeros documentos para postular al beneficio.

Sin embargo, de acuerdo con los “vecinos” e información recopilada por el Serviu Metropolitano, el inmueble nunca fue precisamente un hogar para Aliaga, su esposa y su pequeño hijo. Al cabo de un tiempo, el “dueño de casa” demolió las paredes interiores y habilitó una bodega que, según dijo a los fiscalizadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), pretendía transformar en un minimarket junto a su casa. Pero los funcionarios comprobaron que el lugar que sí Aliaga llama su “hogar” está en Talagante, lejos de Isla de Maipo.

Casos como estos son ya recurrentes para el Minvu. Según un catastro oficial en ocho regiones del país, se han detectado 239 inmuebles desocupados o arrendados en menos de cinco años (la restricción que establece la normativa), lo que ha generado la misma cantidad de demandas.

Sin embargo, las acciones civiles hoy solo logran restituir el monto del subsidio que, por lo general, no supera los $300 mil, pero la vivienda (si ya cuenta con una escritura pública) se mantiene en poder del propietario infractor. Para corregir esta situación, el Minvu enviará un proyecto de ley que transformará lo que hoy es una falta en un delito de fraude al fisco. Así, los beneficiarios que arrienden o tengan viviendas sociales desocupadas se expondrán, incluso, a penas de cinco años y un día de cárcel.

Además, deberán entregar la casa o departamento en cuestión para someterlo a un remate, con opción preferente para el Serviu. La idea es que sea rápidamente asignado a otra familia.

“Las irregularidades implican hoy dejar fuera a muchas familias vulnerables que viven en condición de hacinamiento, allegadas, en campamentos. Esto nos ayudará a detener estos fraudes y para eso hemos iniciado varias acciones, como pedir declaración jurada, establecer ingresos máximos en las exigencias y verificar la tenencia de otras propiedades”, explica el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez.

Fuente: El Mercurio