Vivienda envía proyecto que recupera terrenos perdidos para futuras calles y parques

12 marzo, 2013

Eran cerca de 10.000 hectáreas de terrenos, a nivel nacional, que hasta hace tres años estaban reservados para construir futuras calles o ensanchamientos de vías existentes. Sin embargo, una ley de 2004 les puso un plazo perentorio: debían ejecutarse como calles en cinco años o, de lo contrario, caducarían.

La fecha de vencimiento se cumplió en 2010 y hoy esos suelos, junto a otros también protegidos para construir futuros parques urbanos, ya no gozan de protección alguna y pueden ser comprados por cualquier privado para construir edificios, centros comerciales y otras obras, lo que deja a 233 comunas sin suelos reservados para su expansión vial.

Ejemplos hay muchos en el país: la futura Av. Pacífico (paralela de Av. del Mar, en La Serena), la prolongación de Sánchez Fontecilla al sur (proyectada como una segunda Tobalaba) o la ampliación del Parque Inés de Suárez hacia el Parque Los estanques de Aguas Andinas.

Para corregir esta situación, el Gobierno ingresará hoy un proyecto de ley que busca devolver a estos terrenos su carácter estratégico de “reserva” para el crecimiento urbano.

“En el proyecto de 2004 hubo un error conceptual grave que implicó la pérdida de vías que son fundamentales. Buscamos recuperar terrenos perdidos para espacios públicos y volver a un gravamen indefinido que siempre estuvo en nuestra legislación”, asevera el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez.

La iniciativa legal también contempla un mecanismo de compensaciones para los propietarios que podrían verse afectados porque sus viviendas se ubican en una franja reservada para una futura calle o parque. Precisamente, esta situación, que afectaba la plusvalía de las propiedades, fue la que originó la idea de ponerles un plazo perentorio de ejecución.

En el proyecto se exime del gravamen de futuro espacio público a las viviendas construidas dentro de los terrenos reservados en los planes reguladores. “En aquellos casos en que los propietarios puedan demostrar que el gravamen de utilidad pública les produzca un perjuicio, la autoridad va a tener que compensarlos”, explica José Ramón Ugarte, urbanista asesor de Vivienda.

En concreto, se permitirá a esos propietarios hacer modificaciones a sus inmuebles. También podrán construir hacia la zona por donde pasará la futura calle. En esos casos, deberán edificar en materiales que puedan ser demolidos fácilmente, en caso de que se construya la vía proyectada.

Fuente: El Mercurio