El fracaso de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido

11 enero, 2013

EL 4 DE ABRIL DE 2003 entró en vigencia la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (LFUC) y en agosto del mismo año se publicó su reglamento, con la idea de permitir al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y a las Municipalidades del país captar recursos privados para realizar proyectos con el propósito de generar el desarrollo de las ciudades. Esta Ley buscaba disminuir el déficit existente en infraestructura urbana, con la idea de seguir el ejemplo de políticas desarrolladas en la década de los 90, cuando el país iniciaba un ambicioso programa de participación de capital y gestión privada en varios sectores de la infraestructura pública con la dictación de la Ley de Concesiones, la aplicación del marco regulatorio de las empresas de servicios sanitarios y la Ley de Concesiones Portuarias. De hecho, con esta última, Chile ha podido multiplicar por tres su sistema portuario, tras la incorporación del sector privado. A su vez, la Ley de Concesiones de Obras Públicas también ha tenido grandes avances desde su publicación, destacando proyectos en vialidad interurbana, aeropuertos, viabilidad urbana, infraestructura penitenciaria y hospitales, lo que ha significado inversiones por más de US$12.500 millones.

Según un documento elaborado por la gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) durante 2012, que evalúa la implementación de la LFUC y que fue presentado ante las autoridades, este alto estándar de inversión a través de las concesiones públicas, no podrían haber sido realizadas por el Estado. “La inversión materializada por este mecanismo le habría tomado al Estado más de 20 años en desarrollarla”, dice el informe.

En cuanto al financiamiento de la LFUC, si bien puede materializarse a través de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, los procedimientos de esta se encuentran diseñados para aplicarse en proyectos de una envergadura superior, prometiendo ser una herramienta que desarrollaría las comunas y las regiones del país.

Las debilidades de la LFUC

De acuerdo con el documento de la CChC, en los casi 10 años que lleva el mecanismo de financiamiento urbano compartido en el mercado, sólo se han realizado 3 licitaciones (La Chimba en Antofagasta, el proyecto urbano de Punta Norte en Arica y los estacionamientos subterráneos en Plaza 19 de abril en Ñuñoa) que contrastan significativamente con los más de 60 proyectos adjudicados a través de las concesiones de obras públicas.

Una de las debilidades identificadas por la CChC es la falta de información a nivel de Serviu y de las Mu- nicipalidades, además de la falta de competencias técnicas para desarrollar o evaluar las iniciativas. La entidad gremial también critica lo que tendría que haber sido una fortaleza de este proyecto: la mayor participación de empresas regionales de menor tamaño. “En la práctica, la LFUC, al carecer de garantías reduce la posibilidad de obtener financiamiento bancario, ypor lo tanto, sólo empresas más grandes y con espaldas financieras pueden optar a este mecanismo”, dice el estudio. Otro de los desincentivos para participar en proyectos financiados a través del LFUC, es la falta de recursos para la realización de estudios iniciales. Según la CChC “este mecanismo permite que cualquier privado pueda presentar una propuesta, sin embargo, los estudios realizados tanto iniciales como los adicionales (solicitado al postulante cuando se declara de interés público) sólo serán reembolsados en caso que la propuesta sea adjudicada”. En caso que no se adjudique la licitación o se declare desierta, el participante no podrá exigir el reembolso ni compensación por los estudios realizados, lo que para el gremio de la Construcción no es una garantía para poder participar de los procesos de adjudicación de iniciativas regionales.

Además, la CChC dice que las Municipalidades pequeñas no tienen la capacidad de analizar y gestionar los proyectos. A esto se suma la falta de un banco de proyectos regionales y un catastro activo de inmuebles y terrenos fiscales a nivel regional. “Hasta hace poco tiempo no había claridad de la extensión de la propiedad fiscal, se estimaba que el 38% del territorio era de propiedad del Estado. Luego de un proceso actualizado en 2011 a nivel nacional reveló que éste alcanzaba el 51% del territorio de Chile. No obstante, a nivel comunal, no existe una adecuado catastro que identifique el patrimonio territorial, en muchas ocasiones ni siquiera está clara su ubicación exacta”, señala el informe de la CChC entregada alas autoridades.

Propuestas

Entre las principales propuestas para el corto plazo que realizó la CChC, y que consideran aquellas que no requieren cambios normativos, y que aún no han sido abordadas por las autoridades, está la realización de mecanismos de difusión en las Municipalidades y Serviu a lo largo del país. También contemplan la creación de un banco de proyectos regionales “que sea susceptible a ser adjudicados por la LFUC, y entregar estudios de los proyectos privados”.

Además, la CChC propone la realización de un catastro de posibles terrenos para el desarrollo de proyectos urbanos.

En cuanto a las medidas de más a largo plazo, el gremio de la Construcción dice que es necesario establecer mejoras en los mecanismos de incentivos económicos que estén alineados con los que ofrecen las concesiones de obras públicas. “Asimismo, establecer la obligación del pago de los estudios en los casos en que se llame a licitación con una idea. Este mecanismo debería permitir el pago en dinero que otorgue al proyecto una garantía para el sistema bancario”, señala el documento.

A esto se suma la idea de modificaciones de los contratos y convenios complementarios. La LFUC sólo contempla modificaciones por causas de interés público, y permite modificaciones a la obra adjudicada, siempre que no se altere las condiciones económicas del contrato. Desde la CChC indican que se deben incluir otras causales, como por ejemplo la imprevisión, para otorgar mayor flexibilidad en el contrato.

Al mismo tiempo, proponen establecer mecanismos transparentes de valorización económica de los estudios, y estandarizar el proceso de calificación de interés público “para evitar discrecionalidades en su evaluación, como por ejemplo, decisiones de carácter político y no técnicas. El documento, de 22 páginas, fue presentado por la CChC al gobierno, sin tener hasta ahora alguna respuesta de las posibles modificaciones a esta Ley, que según el gremio no ha tenido ningún impacto en el desarrollo de las regiones y comunas, y por el contrario, ha generado el desincentivo de las empresas en participar en proyectos relacionados con la LFUC.

Fuente: Pulso