El desafío de enfrentar las emergencias de manera resiliente

11 diciembre, 2015
Gestión de desastres_702_crédito Bomberos de Chile
Durante el aluvión de la Región de Atacama, los rescatistas de Bomberos participaron activamente del enfrentamiento de la emergencia. Foto: Bomberos de Chile.

Si se considera la diversidad territorial y climática de Chile, las posibilidades de ocurrencia de eventos naturales son muy amplias, tal como se ha visto durante el 2015. La meta es coordinar respuestas integrales, coordinadas y eficaces.

Tan solo en 2015, Chile ha debido enfrentar eventos naturales tan variados como erupciones, aluviones, terremotos y tsunamis, poniendo a prueba las capacidades públicas y privadas para primero enfrentar las emergencias y luego colaborar con el restablecimiento del devenir de las comunidades afectadas.

Año complejo

En marzo de este año, la erupción del Volcán Villarrica, en la Región de la Araucanía, afectó en un amplio radio a la comunidad, con evacuaciones de emergencia y suspensión de las actividades productivas y académicas.

También en el mes de marzo, fuertes lluvias se dejaron caer en las regiones de Antofagasta y Atacama, provocando inundaciones y aluviones. El catastro dejó más de 4.000 damnificados, fallecidos y desaparecidos por decenas e importantes daños en viviendas, instalaciones públicas y carreteras, avaluados en US$ 1.500 millones según el Primer Catastro Nacional de Desastres Naturales, elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

En el mes de abril la actividad eruptiva se trasladó al volcán Calbuco, en la Región de Los Lagos, donde la columna de cenizas se elevó por sobre 17 kilómetros de altura y se evacuaron cerca de 4.000 personas. A fines de julio, fuertes marejadas de más de 7 metros causaron inundaciones, socavones y diversos daños en viviendas, comercio y conectividad en el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso.

En agosto, como consecuencia de un sistema frontal que afectó a la zona norte del país, un aluvión azotó a Tocopilla, situación que significó pérdidas de vidas humanas, evacuaciones, problemas de suministros y daños diversos. En la ocasión, el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la Región de Antofagasta.
Y en el mes de septiembre, ad portas de las celebraciones de Fiestas Patrias, ocurrió el terremoto de Illapel, magnitud 8.4 Richter, en la región de Coquimbo. Se percibió en gran parte del país e incluso en algunas zonas de Argentina, Uruguay y Brasil.

23 de Abril de 2015/FRUTILLAR  Vista desde Frutillar del Volcán Calbuco en proceso eruptivo durante esta noche. Sernageomin decretó Alerta Roja por erupción del macizo y Carabineros inicio el proceso de evacuación. La fumarola es visible desde gran parte de la Región de Los Lagos.  FOTO: FRANCISCO NEGRONI/AGENCIAUNO
La erupción del volcán Calbuco, en abril de 2015, provocó una columna de cenizas que se elevó por sobre 17 km de altura. Foto: Agencia Uno.

Política de Estado

Con la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), el Estado articula una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, instancia multisectorial y representativa de la gestión en el país.

La iniciativa trabaja para que la Reducción de Riesgo de Desastre (RRD) se incorpore de manera transversal en políticas, planificación y programas de desarrollo, de forma sustentable y en concordancia con marcos internacionales que Chile suscribe.

En tanto, actúa como guía para que distintas instituciones del Estado disminuyan de forma considerable los efectos provocados por desastres, proveyendo orientaciones para desarrollar un proceso sostenido de reducción de riesgos y respuesta adecuada a los requerimientos en distintos ámbitos.

La política se sustenta en los ejes de fortalecimiento de la institucionalidad y en los sistemas de monitoreo y alerta temprana, para que la RRD sea una prioridad en todo el territorio y se cuente con información de calidad para una toma de decisiones oportuna; fomento a la cultura de prevención y autocuidado, considerando la relevancia de una comunidad educada y preparada en prevención; reducción de factores subyacentes de riesgo, con una adecuada planificación territorial y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante las emergencias, con una mejor coordinación institucional.

Considerando que Chile está en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, no solo es uno de los países más sísmicos del mundo, sino también vulnerable a casi todos los tipos de amenazas de origen natural y antrópicas. “Esto, sumado a los efectos del cambio climático, la RRD y el desarrollo sustentable, impone contar con una institucionalidad y un sistema que permita enfrentar eficientemente esta realidad”, sostienen en ONEMI.

Así, esta plataforma es un avance sustancial para que Chile pueda afrontar de forma integrada una situación de emergencia o catástrofe, sucesos que afectan la vida de las personas, los bienes y el medioambiente.

Experiencia en terremotos

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En el mes de septiembre, ad portas de las celebraciones de Fiestas Patrias, ocurrió el terremoto de Illapel, magnitud 8.4, en la Región de Coquimbo. Foto: Graciela Jofré.

Como consecuencia del terremoto de Illapel, en el mundo llamó la atención la capacidad del país para estar preparado ante estos fenómenos y sus consecuencias.

Días después de ocurrido el sismo, la jefa de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdr), Margareta Wahlström, destacó los esfuerzos los esfuerzos del Estado chileno y las grandes inversiones en normativa, infraestructura, capacitación humana y planes de emergencia. “Esta inversión ha dado los resultados que hemos visto”, sostuvo.

En tanto, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Antonio Molpeceres, afirmó que de todo el mundo se recibieron mensajes de preocupación “y a muchos les cuesta creer que con un terremoto de más de ocho grados de magnitud, en una ciudad de cinco millones de habitantes, como Santiago, no se haya caído ningún edificio. Eso no es normal”.

Según comenta Fernando Guarello, ex director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), para el terremoto de Illapel no se presentaron daños en infraestructura industrial y fueron muy pocos los acaecidos en emplazamientos viales. “En edificaciones, la situación fue similar a lo que ha sucedido en otras ocasiones: construcciones de uno o dos pisos en arcilla o en estructuras antiguas que no están diseñadas para resistir eventos de este tipo, además de consecuencias asociadas a las marejadas post sismo”.

El daño mayor fue en la zona costera, sobre todo en la zona de Coquimbo y parte de La Serena, porque se trata de terrenos muy planos que están bajo la cota del nivel del mar, por lo que el agua penetró 400 metros con el tsunami.
En el caso de las edificaciones que están fuera de norma, comenta Rubén Boroschek, miembro Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) y académico de la Universidad de Chile, queda en evidencia la falta de reevaluación de las estructuras en forma periódica o cuando se realizan cambios normativos importantes.

Si bien el terremoto de Illapel fue severo, el daño producido por la vibración del sismo no fue generalizada: “No se trata de suerte, sino el resultado de una acción de diseño y trabajo normativo que está siendo y debe mantenerse en práctica. La secuencia de terremotos que hemos tenido en los últimos cinco años ha permitido una rápida evaluación de cómo estamos diseñando, construyendo y manteniendo la infraestructura en una parte importante del territorio nacional”, sostiene Boroschek.

Actualización normativa

Considerando la realidad sísmica de Chile, el desarrollo del diseño estructural para hacer frente a estos eventos se ha nutrido de la experiencia constante, logrando un nivel reconocido en todo el mundo. El terremoto del 27/F, por ejemplo, dejó como lección caracterizar mejor la amenaza sísmica y mejorar la planificación territorial.

Los cambios normativos han mostrado sus resultados con el bajo nivel de daño en edificaciones de mediana altura, gracias a los nuevos requisitos que aumentan los espesores de muros y estiman de mejor manera los efectos que un terremoto tendrá en ellas.

“Después del 27/F, con la modificación en la normativa sísmica se aumentaron los coeficientes de aceleración de suelos para cumplir un espectro más amplio de resistencia. Los edificios son más robustos, aun cuando los que se elevaron previo a esta norma también son de muy buena calidad”, acota Guarello.

“La incorporación de normas de protección de los componentes arquitectónicos, mecánicos, de climatización y ascensores, entre otros, aprobada en el primer semestre de este año, tendrá un impacto radical disminuyendo las pérdidas económicas y las paralizaciones en nuestras industrias y comercios”, explica Boroschek.

En tanto, la nueva norma de protección del patrimonio permitirá mantener nuestra historia visible amenazada y constantemente borrada por los sismos; mientras que las disposiciones de diseño por tsunami impondrán una nueva orientación a la estructura ubicada en zonas inundables, transfiriendo gran parte del costo a los propietarios que quieren construir bajo este riesgo.

En estos momentos, los problemas principales siguen siendo de desarrollo urbano, opina Boroschek: “La falta de divulgación de los estudios de amenaza por aluviones, maremotos y zonas de derrumbe ha generado una aparente amnesia de fenómenos naturales recurrentes en nuestro territorio. Los municipios han cedido ante el desarrollo riesgoso y los mismos propietarios contribuyen a esta situación muchas veces siendo los mismos quienes después reclaman atención y generan las pérdidas”.

Según añade, es necesario que los propietarios en zonas de riesgo tengan cobertura privada de seguros y no esperar el apoyo de la comunidad cuando el fenómeno ocurre. “No es razonable que el Estado esté obligado permanentemente a apoyar y rescatar a las personas que se ubican conscientemente en zonas de riesgo”.

Desafíos ante otros desastres

Si bien el país se destaca en desarrollar construcciones que cumplen con la normativa sismorresistente y con cargas de viento, está en deuda el enfrentamiento de otro tipo de fenómenos naturales.

“Creo que la construcción chilena está muy preparada para los sismos pero para otros desastres no hay preparación ni desarrollo de diseño, ingeniería o planificación urbana”, sostiene Fernando Guarello. En estos momentos, se entrecruzan normativas establecidas en la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, en planos reguladores y en zonas afectas a riesgo.

“Por ejemplo, en zonas de edificación en Chile no hay un desarrollo técnico sobre cómo enfrentar estas variables”, comenta el arquitecto. En las áreas urbanas pueden presentarse sectores afectos a inundaciones, tanto por desborde de ríos como por afloramiento de napas.

Lee la nota publicada en Revista Colegio de Ingenieros.