Comisión de Desarrollo Urbano

16 mayo, 2013

Tras 14 meses de trabajo -reuniones de discusión, audiencias, trabajo de subcomisiones-, la Comisión de Desarrollo Urbano ha entregado su informe, con propuestas en todos los ámbitos de interés de este tema, que van desde la descentralización a la integración social, y desde la eficiencia y el desarrollo económico a la seguridad. La diversidad de objetivos que se le fijó -12- explica las 150 medidas que recomienda.

Hay mucho de valioso en este esfuerzo. Sobresale el concepto de establecer niveles mínimos de calidad de vida en las ciudades, concordante con la idea de que la mayor riqueza del país debe traducirse en mejores condiciones de vida para sus habitantes en conjunto, y no solo en mayores ingresos de las personas como individuos. Pese a ser un grupo heterogéneo de especialistas en temas relacionados con la ciudad, la Comisión alcanzó consensos en temas de desarrollo y expansión de las ciudades, transporte público, integración social, institucionalidad y equipamiento urbanos.

Las propuestas más llamativas son aquellas que proponen una nueva institucionalidad: gobiernos metropolitanos para las grandes urbes, aunque desgraciadamente el informe no da luces sobre cómo se articularían las atribuciones de las alcaldías con este supragobierno comunal, especialmente considerando el objetivo de descentralización que tenía la Comisión. La sugerencia de un alcalde metropolitano elegido democráticamente ha sido planteada en el pasado, y uno de los problemas conceptuales ha sido el de definir cómo se conjugarían sus atribuciones con las de los alcaldes comunales.

Otro tema que abordó la Comisión es la integración social en la ciudad, ya que las nuestras están muy segregadas, lo que conlleva costos sociales. Una propuesta es aprovechar los espacios urbanos libres o con poca densidad poblacional -especialmente cuando son terrenos fiscales- para viviendas destinadas a familias de menores ingresos. Asimismo, se pensó en incorporar a los mecanismos de planificación territorial, que también se plantean, la meta de dejar espacios para viviendas de distintos grupos sociales. Otra propuesta consiste en modificar la metodología de evaluación de viviendas sociales, para agregar al costo directo de la vivienda el costo de traslado y equipamiento. Esta sola medida podría corregir distorsiones que han sido tan onerosas para millones de santiaguinos que pierden muchas horas para acceder a sus lugares de trabajo.

El representante de la Cámara Chilena de la Construcción presentó las únicas prevenciones del informe a una propuesta innovadora, la de imponer tributos adicionales a las propiedades que se benefician por acciones del Estado. La Comisión postula “captar los aumentos de valor que sobre los terrenos eriazos o subutilizados producen acciones claramente atribuibles al mismo Estado, sea mediante obras de infraestructura o a través de cambios normativos que incrementen la intensidad de uso del suelo”. Esto es, el Estado debería percibir al menos parte del valor adicional que origina una extensión de la zona urbana, una relajación en las alturas permisibles o una estación de metro en la vecindad, ya que elevan el valor de los terrenos sin mediar esfuerzo privado. Es una forma de enriquecimiento (o empobrecimiento, pues las acciones del Estado también pueden tener efectos negativos) que no obedece a ningún mérito del receptor, y que puede dar lugar a corrupción. Así, el Estado captaría parte de las rentas que crea una estación de metro, especialmente si se permite aumentar la constructibilidad en su entorno. Es un mecanismo usado en Europa y EE.UU. para contribuir a financiar el costo de la infraestructura pública. En Chile se ha usado en algunas concesiones viales, como el acceso Nororiente o la futura concesión a Farellones.

Este informe representa un esfuerzo loable, cuyo efecto será de largo plazo y obligará a pensar más cuidadosamente en el desarrollo de las ciudades. Por eso, la última recomendación de la Comisión es crear un consejo consultivo autónomo permanente, que impulse la implementación de esta política e informe de sus avances.

Editorial El Mercurio

Fuente: El Mercurio